Proyecto para combatir la economía cr1m1n4l genera opiniones a favor y en contra.
🇪🇨🤔🗣️ ¡Opiniones divididas! El proyecto denominado “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Cr1m1n4l vinculada al Conflicto 4rm4d0 Interno” pretende cortar los recursos económicos que financian a las organizaciones cr1m1n4l3s que operan en el país. Sin embargo, juristas lojanos adviertes que podría enfrentar objeciones por presuntos incumplimientos., expertos lojanos opinan al respecto.
El proyecto denominado “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Cr1m1n4l vinculada al Conflicto 4rm4d0 Interno” pretende cortar los recursos económicos que financian a las organizaciones cr1m1n4l3s que operan en el país. Sin embargo, juristas lojanos adviertes que podría enfrentar objeciones por presuntos incumplimientos.
En el ámbito económico, el analista Julio Ruiz explica que el proyecto pretende solventar la reducción de las aportaciones al SRI que se produjeron a raíz del incremento de la d3l1ncv3nc14, misma que obligó a muchos emprendedores a cerrar sus negocios y, algunos tuvieron que salir del país.
En lo jurídico, el proyecto ha recibido una serie de críticas, puesto que, algunos de los temas acotados serían inconstitucionales, por ejemplo, los allanamientos sin órdenes judiciales, audiencias únicas, confiscación de bienes, indultos anticipados a policías y militares, entre otros, sobre todo, porque puntos fueron aprobados en la Consulta Popular y otros v10l3ntar14n los derechos humanos.
Ante las críticas, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, durante una entrevista radial expresó que el ordenamiento constitucional y jurídico no están preparados para enfrentar a las estructuras cr1m1n4les, por lo que, el Gobierno plantea reformas constitucionales profundas.
Una propuesta que no fue bien recibida por la bancada correísta advirtiendo que sería una propuesta arbitraria que podría en riesgo los derechos humanos. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, dijo que el proyecto permite una persecución sin control judicial normalizando la impunidad como el caso de Las Malvinas.
Una postura similar a la que mantienen el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y la Conaie. Ahora la Asamblea Nacional, tiene un plazo de 30 días para tramitar el proyecto.
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