JUDICATURA SUPRIME UNIDADES ESPECIALIZADAS Y REDISTRIBUYE CASOS DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
La decisión amplía de 19 a más de 50 el número de jueces habilitados, pero genera cuestionamientos sobre la especialización, seguridad jurídica y posible retraso de procesos.
El Consejo de la Judicatura reestructuró el modelo utilizado en Ecuador para juzgar delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Mediante la Resolución 187-2026, aprobada el 7 de septiembre de 2026, el organismo suprimió tres dependencias especializadas ubicadas en Quito y transfirió sus competencias a otras unidades penales.
La medida comprende la supresión de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada, el Tribunal de Garantías Penales Especializado y la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, todas encargadas de tramitar procesos vinculados con corrupción y estructuras criminales.
Sin embargo, esto no significa que desaparezca la facultad de juzgar estos delitos. Las competencias serán asumidas por unidades penales ordinarias de Quito, cuyos jueces también atenderán procesos provenientes de las diferentes provincias del país, incluida Loja.
¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS PROCESOS?
De acuerdo con la resolución, las flagrancias, formulaciones de cargos y actos urgentes serán atendidos por la Unidad Judicial de Garantías Penales de La Mariscal.
La Unidad Judicial Penal de Iñaquito conocerá los procesos desde su inicio hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Posteriormente, la etapa de juzgamiento será asumida por el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito.
Las apelaciones, recursos y determinados procesos relacionados con personas que tienen fuero serán conocidos por la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Estas dependencias mantendrán sus actuales causas penales y, adicionalmente, asumirán competencia nacional para juzgar delitos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de activos y extinción de dominio, entre otros.
JUDICATURA DEFIENDE LA REORGANIZACIÓN
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, aseguró que la decisión responde a criterios técnicos y a la necesidad de equilibrar la carga procesal.
Según información institucional, el anterior modelo especializado contaba con aproximadamente 19 jueces, mientras que la nueva estructura permitiría habilitar a más de 50 magistrados para conocer estos procesos.
El organismo sostiene que la antigua estructura mantenía alrededor de 484 causas activas, mientras que las unidades penales que asumirán las nuevas competencias registraban más de 5.300 procesos en trámite.
La Judicatura afirma que esta integración permitirá distribuir mejor el trabajo, reducir la congestión y brindar respuestas judiciales más rápidas. También anunció que los jueces recibirán capacitación en corrupción, crimen organizado, delitos económicos, lavado de activos y normativa internacional.
¿QUÉ SUCEDERÁ CON LAS CAUSAS EN TRÁMITE?
La resolución determina que los procesos con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de decisión, resolución o sentencia continuarán bajo responsabilidad de los mismos jueces hasta su conclusión.
Las demás causas deberán ser reasignadas entre las nuevas dependencias. Para ello, el Consejo de la Judicatura tendrá que actualizar el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, organizar los turnos y determinar la conformación de los nuevos tribunales.
Durante los primeros días de aplicación se reportó la suspensión y el aplazamiento de algunas audiencias debido a dudas sobre qué jueces debían continuar conociendo los procesos.
Este periodo de transición constituye uno de los puntos más sensibles, porque una asignación incorrecta podría generar cuestionamientos sobre la competencia de los jueces e incluso pedidos de nulidad por parte de los procesados.
CRÍTICAS POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE ESPECIALIZACIÓN
La decisión ha generado preocupación entre juristas, exjueces y organizaciones internacionales. Los críticos sostienen que los magistrados de las unidades suprimidas fueron seleccionados mediante un concurso específico y recibieron capacitación para manejar expedientes complejos, con numerosos procesados, redes financieras, cooperación internacional y elevados riesgos de seguridad.
También cuestionan que la carga procesal sea evaluada únicamente por el número de expedientes. Una causa de delincuencia organizada puede aparecer estadísticamente como un solo proceso, aunque involucre a decenas de personas, numerosas audiencias y miles de elementos probatorios.
Otro debate se concentra en el alcance jurídico de la resolución. Algunos especialistas consideran que el modelo especializado fue establecido mediante reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y advierten que una resolución administrativa no debería modificar una estructura prevista en una norma de mayor jerarquía.
Hasta el momento, no existe una sentencia que suspenda o anule la Resolución 187-2026, por lo que la reorganización continúa vigente.
¿QUÉ IMPLICA PARA LOJA?
Aunque las dependencias involucradas están ubicadas en Quito, su competencia es nacional. Por ello, las investigaciones desarrolladas en Loja por delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada, narcotráfico, sicariato o extorsión podrían ser tramitadas por las nuevas dependencias designadas.
El cambio no traslada estos procesos a jueces de cada provincia. La competencia especializada continúa concentrada en Quito, pero ahora estará distribuida entre un grupo más amplio de magistrados.
La reorganización plantea dos escenarios. Por un lado, podría aumentar la capacidad operativa y acelerar los procesos al pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados. Por otro, existe el riesgo de que la ampliación diluya la experiencia acumulada por los magistrados especializados y genere problemas durante la reasignación de las causas.
El verdadero resultado de la medida dependerá de que la Judicatura garantice capacitación efectiva, seguridad para los jueces, transparencia en el reparto de procesos y continuidad en las audiencias. De lo contrario, una reforma presentada como mecanismo para combatir la impunidad podría terminar produciendo retrasos y nuevos cuestionamientos sobre la administración de justicia en Ecuador.
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