RESPALDAN A PERIODISTAS
La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Calvas en Loja ordenó medidas que atentan contra el trabajo periodístico y la libertad de expresión de los periodistas Eduardo Loaiza de Cariamanga TV y José Daniel Rengel de Radio Zapotillo.
El trámite Administrativo 00191-JCPDGAP-C-2020 de la Junta Cantonal señala que el miércoles 16 de diciembre del 2020 conocieron la denuncia presentada por Yohanna Rosalí Carrión Bravo, directora del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de Calvas, quien señaló que días atrás unos amigos le festejaron un cumpleaños en un centro de diversión y que el periodista José Daniel Rengel hizo alusión a “que bailo muy bien el reggatón, lo cual aumenta el morbo de sus intervenciones radiales”. Asimismo Eduardo Loaiza Lima hizo eco de estos comentarios sexistas.
La funcionaria sostuvo en la denuncia que estos comentarios alusivos a su vida privada, denigran su honra, buen nombre y le han causado un grave daño moral. Con estos antecedentes la Junta Cantonal de Protección de Derechos Grupos de Atención Prioritaria dispuso: boleta de auxilio, orden de restricción de acercamiento en favor de Carrión, la instalación de un botón de emergencia y la prohibición de que los periodistas realicen actos intimidatorios por su cuenta o la de terceros.
El 23 de diciembre del 2020 la Juez Lethy Paccha Soto, de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Calvas, ratificó estas medidas y ordenó realizar un seguimiento para “verificar la rectificación de las conductas”.
Rengel aseguró a Fundamedios que como periodistas denunciaron un caso de corrupción ya que se solicitó una cuota a los funcionarios del MIES para organizar la fiesta de cumpleaños y comprarle un regalo a la funcionaria pública: “mis palabras fueron descontextualizadas y lo que se pretende es tapar las picardías que realizan. Además se genera un terrible precedente para la libertad de expresión pues amparado en la violencia de género se pretende que las investigaciones no continúen”.
Loaiza aseguró en cambio que las medidas ratificadas por un Juez en Loja son desproporcionadas y generan un estigma al acusarlos de violencia de género: “respeto mucho a la mujer porque soy padre de familia y docente, jamás he agredido verbalmente a una mujer. ¿Qué van a decir mi hijas y mi madre al saber que tengo una boleta de auxilio por violencia de género? Me están causando un daño al acusarme y eso genera un estigma en mi contra”.
Junto con su abogado presentará en los próximos días un pedido de revisión de estas medidas ya que las considera exageradas: “atentan contra nuestra libertad de expresión y la capacidad de realizar un trabajo periodístico serio además crean un precedente nefasto pues, bajo el discurso de violencia de género, no se podrá investigar a funcionarias”.
Las Juntas Cantonales de Protección Integral de Derechos, son órganos del nivel operativo, que tienen como función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas o grupos de Atención Prioritaria que se conforman por ‘personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad’, el Alcalde o Alcaldesa será su representante legal.
Fundamedios solicitó la versión de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Calvas y se encuentra a la espera de una respuesta.
Fundamedios rechaza enérgicamente la decisión de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Calvas y la ratificación por parte de la Justicia ya que se atenta contra la libertad de prensa y de expresión, además, se desnaturaliza a los Grupos de Atención Prioritaria, en la cual los servidores públicos, no están considerados.
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