Piden investigar presuntas irregularidades del Consejo de la Judicatura de Loja

#Loja | AJP denuncia formalmente al Consejo de la Judicatura de Loja

Este medio de comunicación publicó la investigación realizada sobre presuntas irregularidades en el Consejo de la Judicatura de Loja. En el reportaje publicado el pasado viernes 23 de julio de 2021, Dolores Yamunaqué, acepta que se realizó una campaña para solicitar “colaboraciones” a los jueces y servidores judiciales en mayo de 2020, durante la pandemia. “Colaboraciones” que se las habría realizado a través de la Asociación de Servidores Judiciales, asociación que no cuenta con su directiva legalmente inscrita en el Ministerio de Trabajo y tampoco tiene cuenta bancaria. Los depósitos de las “colaboraciones” que realizaron jueces y servidores judiciales, las realizaron a la cuenta bancaria personal de la Coordinadora de Estudios Jurimétricos.

Es por ello que, el colectivo Acción Jurídica Popular, presentó esta mañana del jueves 28 de julio de 2020, una denuncia formal ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, para que se investigue estas presuntas irregularidades, lo cual esta prohibido por la LOSEP articulo 24 literal K.

El colectivo aduce que estos actos de “haberles pedidos colaboraciones” a los jueces y servidores judiciales en mayo de 2020. Estas colaboraciones bien pueden ser encasilladas en lo que comúnmente se conoce como diezmos” por lo que solicitan al pleno del Consejo de la Judicatura, investigar a la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, Dolores Yamunaqué, quién con el visto bueno de esta autoridad se les habría exigido “colaboraciones” a los funcionarios judiciales y jueces.

Las presuntas irregularidades podría caer en el cometimiento del presunto delito de concusión, lo cual está penado en el COIP en su articulo 281: Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años

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