La decisi\u00f3n ampl\u00eda de 19 a m\u00e1s de 50 el n\u00famero de jueces habilitados, pero genera cuestionamientos sobre la especializaci\u00f3n, seguridad jur\u00eddica y posible retraso de procesos.<\/p>\n
El Consejo de la Judicatura reestructur\u00f3 el modelo utilizado en Ecuador para juzgar delitos relacionados con corrupci\u00f3n y crimen organizado. Mediante la Resoluci\u00f3n 187-2026, aprobada el 7 de septiembre de 2026, el organismo suprimi\u00f3 tres dependencias especializadas ubicadas en Quito y transfiri\u00f3 sus competencias a otras unidades penales.<\/p>\n
La medida comprende la supresi\u00f3n de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada, el Tribunal de Garant\u00edas Penales Especializado y la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, todas encargadas de tramitar procesos vinculados con corrupci\u00f3n y estructuras criminales.<\/p>\n
Sin embargo, esto no significa que desaparezca la facultad de juzgar estos delitos. Las competencias ser\u00e1n asumidas por unidades penales ordinarias de Quito, cuyos jueces tambi\u00e9n atender\u00e1n procesos provenientes de las diferentes provincias del pa\u00eds, incluida Loja.<\/p>\n
\u00bfC\u00d3MO SE DISTRIBUIR\u00c1N LOS PROCESOS?<\/p>\n
De acuerdo con la resoluci\u00f3n, las flagrancias, formulaciones de cargos y actos urgentes ser\u00e1n atendidos por la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales de La Mariscal.<\/p>\n
La Unidad Judicial Penal de I\u00f1aquito conocer\u00e1 los procesos desde su inicio hasta la etapa de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio. Posteriormente, la etapa de juzgamiento ser\u00e1 asumida por el Tribunal de Garant\u00edas Penales de I\u00f1aquito.<\/p>\n
Las apelaciones, recursos y determinados procesos relacionados con personas que tienen fuero ser\u00e1n conocidos por la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tr\u00e1nsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.<\/p>\n
Estas dependencias mantendr\u00e1n sus actuales causas penales y, adicionalmente, asumir\u00e1n competencia nacional para juzgar delitos de corrupci\u00f3n, delincuencia organizada, lavado de activos y extinci\u00f3n de dominio, entre otros.<\/p>\n
JUDICATURA DEFIENDE LA REORGANIZACI\u00d3N<\/p>\n
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n responde a criterios t\u00e9cnicos y a la necesidad de equilibrar la carga procesal.<\/p>\n
Seg\u00fan informaci\u00f3n institucional, el anterior modelo especializado contaba con aproximadamente 19 jueces, mientras que la nueva estructura permitir\u00eda habilitar a m\u00e1s de 50 magistrados para conocer estos procesos.<\/p>\n
El organismo sostiene que la antigua estructura manten\u00eda alrededor de 484 causas activas, mientras que las unidades penales que asumir\u00e1n las nuevas competencias registraban m\u00e1s de 5.300 procesos en tr\u00e1mite.<\/p>\n
La Judicatura afirma que esta integraci\u00f3n permitir\u00e1 distribuir mejor el trabajo, reducir la congesti\u00f3n y brindar respuestas judiciales m\u00e1s r\u00e1pidas. Tambi\u00e9n anunci\u00f3 que los jueces recibir\u00e1n capacitaci\u00f3n en corrupci\u00f3n, crimen organizado, delitos econ\u00f3micos, lavado de activos y normativa internacional.<\/p>\n
\u00bfQU\u00c9 SUCEDER\u00c1 CON LAS CAUSAS EN TR\u00c1MITE?<\/p>\n
La resoluci\u00f3n determina que los procesos con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de decisi\u00f3n, resoluci\u00f3n o sentencia continuar\u00e1n bajo responsabilidad de los mismos jueces hasta su conclusi\u00f3n.<\/p>\n
Las dem\u00e1s causas deber\u00e1n ser reasignadas entre las nuevas dependencias. Para ello, el Consejo de la Judicatura tendr\u00e1 que actualizar el Sistema Autom\u00e1tico de Tr\u00e1mite Judicial Ecuatoriano, organizar los turnos y determinar la conformaci\u00f3n de los nuevos tribunales.<\/p>\n
Durante los primeros d\u00edas de aplicaci\u00f3n se report\u00f3 la suspensi\u00f3n y el aplazamiento de algunas audiencias debido a dudas sobre qu\u00e9 jueces deb\u00edan continuar conociendo los procesos.<\/p>\n
Este periodo de transici\u00f3n constituye uno de los puntos m\u00e1s sensibles, porque una asignaci\u00f3n incorrecta podr\u00eda generar cuestionamientos sobre la competencia de los jueces e incluso pedidos de nulidad por parte de los procesados.<\/p>\n
CR\u00cdTICAS POR LA POSIBLE P\u00c9RDIDA DE ESPECIALIZACI\u00d3N<\/p>\n
La decisi\u00f3n ha generado preocupaci\u00f3n entre juristas, exjueces y organizaciones internacionales. Los cr\u00edticos sostienen que los magistrados de las unidades suprimidas fueron seleccionados mediante un concurso espec\u00edfico y recibieron capacitaci\u00f3n para manejar expedientes complejos, con numerosos procesados, redes financieras, cooperaci\u00f3n internacional y elevados riesgos de seguridad.<\/p>\n
Tambi\u00e9n cuestionan que la carga procesal sea evaluada \u00fanicamente por el n\u00famero de expedientes. Una causa de delincuencia organizada puede aparecer estad\u00edsticamente como un solo proceso, aunque involucre a decenas de personas, numerosas audiencias y miles de elementos probatorios.<\/p>\n
Otro debate se concentra en el alcance jur\u00eddico de la resoluci\u00f3n. Algunos especialistas consideran que el modelo especializado fue establecido mediante reformas al C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial y advierten que una resoluci\u00f3n administrativa no deber\u00eda modificar una estructura prevista en una norma de mayor jerarqu\u00eda.<\/p>\n
Hasta el momento, no existe una sentencia que suspenda o anule la Resoluci\u00f3n 187-2026, por lo que la reorganizaci\u00f3n contin\u00faa vigente.<\/p>\n
\u00bfQU\u00c9 IMPLICA PARA LOJA?<\/p>\n
Aunque las dependencias involucradas est\u00e1n ubicadas en Quito, su competencia es nacional. Por ello, las investigaciones desarrolladas en Loja por delitos como peculado, cohecho, concusi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos, delincuencia organizada, narcotr\u00e1fico, sicariato o extorsi\u00f3n podr\u00edan ser tramitadas por las nuevas dependencias designadas.<\/p>\n
El cambio no traslada estos procesos a jueces de cada provincia. La competencia especializada contin\u00faa concentrada en Quito, pero ahora estar\u00e1 distribuida entre un grupo m\u00e1s amplio de magistrados.<\/p>\n
La reorganizaci\u00f3n plantea dos escenarios. Por un lado, podr\u00eda aumentar la capacidad operativa y acelerar los procesos al pasar de 19 a m\u00e1s de 50 jueces habilitados. Por otro, existe el riesgo de que la ampliaci\u00f3n diluya la experiencia acumulada por los magistrados especializados y genere problemas durante la reasignaci\u00f3n de las causas.<\/p>\n
El verdadero resultado de la medida depender\u00e1 de que la Judicatura garantice capacitaci\u00f3n efectiva, seguridad para los jueces, transparencia en el reparto de procesos y continuidad en las audiencias. De lo contrario, una reforma presentada como mecanismo para combatir la impunidad podr\u00eda terminar produciendo retrasos y nuevos cuestionamientos sobre la administraci\u00f3n de justicia en Ecuador.<\/p>\n
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